En un contexto donde la continuidad del gasoducto de San Rafael es crucial para el bienestar de miles de sanrafaelinos y las industrias, la Municipalidad ha obtenido otro fallo favorable. Sin embargo, el gobierno nacional aún no da señales claras de querer dialogar, lo que complica la resolución del conflicto.
Francisco Perdiguez, director de Auditoría del municipio, detalló que “Otro fallo a favor del municipio, pero el gobierno nacional no responde”, destacando la preocupación generalizada en la comunidad.
El funcionario explicó que, a pesar de la situación global que ya es conocida por todos, “el gobierno no tiene un interlocutor válido para dialogar”. Esta falta de comunicación efectiva es una de las principales trabas para avanzar en la resolución del conflicto.
Desde el aspecto técnico, Perdiguez puntualizó que las cuestiones políticas corresponden al intendente, quien “está yendo a Buenos Aires seguidamente a tratar de destrabar esta solución políticamente”. No obstante, en lo que respecta a la parte jurídica, que es su competencia, aclaró que “no hay interlocutores porque es ante un tercero imparcial que es un juez, nada más”. En este escenario, ambas partes plantean sus posturas y es el juez quien debe decidir.
El proceso judicial ha sido largo y complicado, con la Cámara Federal pronunciándose en varias ocasiones. Según Perdiguez, “la Cámara se ha expedido dos veces”. La primera fue en respuesta a la medida cautelar dictada por el juez federal de San Rafael, que fue favorable a la municipalidad. Sin embargo, el Estado Nacional apeló, buscando que se suspendieran los efectos de dicha medida, a lo que la Cámara respondió ratificando la resolución del juez de primera instancia. En la segunda ocasión, la Cámara volvió a confirmar “los mismos parámetros y momentos que había establecido el juez de primera instancia”.
El director de Auditoría detalló que el juicio de cumplimiento de contrato, en el cual se enmarca esta medida cautelar, es un proceso que avanza por etapas. “La medida cautelar se dicta en un juicio de cumplimiento de contrato, donde van sucediendo distintos juicios chiquititos”, explicó Perdiguez, comparando la cautelar con un “juicio pequeño, inicial, donde buscamos conservar el reclamo que uno quiera hacer en el juicio grande o principal”. Actualmente, el proceso está en una fase avanzada, con el Estado Nacional teniendo la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia.
El plazo para que el Estado Nacional conteste la demanda es de 60 días hábiles, plazo que comenzó a correr a principios de junio, lo que significa que “más o menos a mediados de octubre tiene el plazo de vencimiento”. A pesar de esto, Perdiguez aclaró que “se puede extender”, dependiendo de la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación.
La falta de diálogo entre las partes sigue siendo un problema central. Perdiguez señaló que “ojalá para el beneficio de todos, haya una intención de arreglo”, lo cual implicaría que ambas partes podrían “conciliar y hacer una reparación o una transacción”. Sin embargo, hasta ahora, no ha habido avances en ese sentido, y el conflicto sigue latente.
El impacto del gasoducto es indiscutible. “Es un beneficio para todos los sanrafaelinos”, afirmó Perdiguez, enfatizando que la obra no solo es crucial para la comunidad de San Rafael, sino también para “la gente de Alvear que se va a beneficiar con este gasoducto”. El conflicto ha llegado a tal punto que, recientemente, se produjo un corte del suministro de gas para las instalaciones de servicio durante 12 horas, lo que generó incomodidades en la población.